Los ciudadanos españoles no podemos aceptar que el pacto entre un irresponsable y un prófugo termine con la Constitución española, con el Estado de derecho y ponga en riesgo la continuidad histórica de España. Tenemos la obligación de reaccionar. Tenemos la obligación de demostrar que no estamos dispuestos a aceptar semejante rendición de la nación.
